¿CUÁNTOS MUERTOS MÁS NECESITAMOS?

En el año 2000, un día como cualquier otro amanecimos con la noticia de que un grupo insurgente se había tomado el municipio del Salado Bolívar, al que convirtieron en un matadero al mejor estilo de una película de terror. En ese febrero escarlata, el bloque norte de las autodefensas, comandado por alias “Jorge 40”, asesinó a más de 100 habitantes de ese corregimiento, incluida una niña de 6 años y una mujer de 65. Las muertes ocurrieron en la plaza del pueblo y a la vista de todos, donde ubicaron una mesa de torturas y sacrificio que ha quedado en la memoria de sus sobrevivientes. En esa masacre fueron asesinados dos familiares, Rosmira y su hijo Luis, a quienes recuerdo como si aún estuvieran vivos.

Pocos meses después, y a 30 minutos de ahí, la guerrilla de las Farc detonó una bomba en una ferretería del municipio de El Carmen de Bolívar, a cuyos dueños este grupo insurgente les estaba cobrando una extorsión no correspondida. Y como siempre los inocentes pagamos por una guerra que no nos pertenece, la explosión cobró la vida de tres niñas entre 13 y 14 años, quienes justo pasaban por el lugar del siniestro. Una de las víctimas fue mi prima hermana María Angélica, a quien igual recuerdo como si estuviera viva.

Cuál tragedia pesa más, ¿una protagonizada por la guerrilla, o la otra no menos dolorosa emprendida por los paramilitares? A la hora de repasar las estadísticas del terror, recuerdo que en la primera administración Uribe, aprobaron el proyecto de Ley, Justicia y Paz, cuyos objetivos eran la desmovilización, rehabilitación y reinserción a la vida civil de grupos al margen de la ley de guerrillas y autodefensas-paramilitares. Y adivinen el resultado. El solo hecho de que el actual Presidente esté negociando la paz, quiere decir que la anterior administración no cumplió con su programa de gobierno, y tampoco le cumplió al país.

Es preocupante entonces, que gran parte de los colombianos que piensan y deciden con criterio, elijan una alternativa llena de dudas y escabroso historial político, que más daño que bien ha hecho al país. Pero juzguen Ustedes. Ad portas de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, a los colombianos nos han sugestionado con sus deshonestas campañas políticas que en vez de aclarar han confundido. Las Farc han protagonizado una guerra de 50 años que el Estado financia y la ciudadanía paga con sangre, pero el paramilitarismo también ha puesto sus muertos. Y son miles.

La tal seguridad democrática de la que tanto nos hablan es una farsa, nos dio tranquilidad en su momento y nos permitió regresar a las carreteras, sin embargo, y gracias a esa guerra que se masificó, se multiplicó el número de personas en situación de desplazamiento forzoso y el Estado gastó más de $21 billones en despliegue de seguridad, casi todo para combatir grupos de guerrillas. Imagínense esa inversión en educación y salud. En un país como Colombia, donde en materia de guerras está todo casi hecho, mi criterio como ciudadana, y también como víctima del conflicto, es que llegó la hora de probar haciendo la paz.

Los colombianos no queremos escoltas, ni agentes de Policía en cada esquina, queremos caminar tranquilos, sin guerrillas y sin las “convivir”. Nadie en este país tiene moral ni autoridad para reprochar los diálogos de paz, porque el proceso de guerra se hizo durante 8 años, y no funcionó. En cambio sí enriqueció más a los ricos y aumentó la miseria de los pobres. Aunque de lograr la paz, me preocupa el pos-conflicto. Para ello es necesario un plan de contingencia que evite lo que sucedió con la supuesta desmovilización del paramilitarismo, que ocasionó un feroz surgimiento de bandas criminales y pandillas juveniles que proyectaron la insurgencia.

El asesinato de un paramilitar no duele menos que el de un guerrillero. Así, a este país sin memoria solo le digo: vivir la guerra no es verla por televisión desde la comodidad de tu hogar, la guerra tiene un alto precio que solo conocen los que han puesto muertos en ella.